Empiezo a pensar que vivo en una
palabrocracia. Me gobiernan palabras y expresiones que no siempre quieren decir
lo que significan. Al parecer como ciudadano tengo unos derechos reconocidos
por la ley que la propia ley se preocupa de desmentir.
Hace unos meses recibí un
certificado que contenía una sanción de aparcamiento en una calle de Madrid por un estacionamiento de
mi vehículo sin distintivo en una fecha y hora en la que mi coche se encontraba
aparcado en su plaza porque aquel día yo no salí de casa en ningún momento.
Recurrí con la absoluta seguridad de que no podrían demostrar algo que era
imposible porque no había sucedido. Esto es lo que la ley reconoce como
presunción de inocencia. Inocente el que lo lea.
Meses más tarde recibí,
certificada, la confirmación de la denuncia por coincidencia de los datos del
vehículo y ratificación del sancionador. Asombrado recurrí volviendo a
argumentar no solo la imposibilidad de la denuncia si no la falta de entidad
jurídica de quien me había impuesto la denuncia que no tiene más entidad que
una denuncia particular.
La maquina administrativa
respondió ratificando la sanción y dando por finalizada la via administrativa e
invitándome –yo juraría que había un pliegue que parecía una sonrisa en el
papel- a pagar o seguir por la vía contencioso-administrativa, vía inalcanzable
económicamente y que no garantiza que me den la razón. Y no es la primera, y no
será la última, y no seré el único.
Hoy me han embargado la cuenta
del banco por una infracción que no cometí y además me han cobrado los
intereses. La máquina administrativa recaudatoria y rodillo de los derechos del
ciudadano –crisol que convierte al ex-ciudadano en continuo contribuyente- está
perfectamente engrasada y aplasta cualquier oposición que encuentre a su paso.
Yo jamás podré demostrar que
estaba en mi casa y al menos dos funcionarios, uno de ellos con presunción de
veracidad, han ratificado un hecho que nunca pudo ocurrir sin aportar ninguna
prueba, y en este caso, y casi en cualquiera que me enfrente a la
administración, un banco o cualquier ente de recursos ilimitados, mi presunción
de inocencia no vale nada, perdón, para ser exactos, vale una mierda.
A esta situación se la conoce
como indefensión y a la sensación moral
impotencia. Y a los que lo han permitido y promovido sinvergüenzas, perdón,
políticos.
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