HISTORIAS REALES (I)- CIEGA, SORDA, DAÑINA

Comía el otro día con mi amigo, Antonio Zarazaga, que siempre me aporta material importante para pensar, para escribir y para pasar un rato ameno y enriquecedor, y me recordaba una frase de Voltaire, que, aunque fue mencionada en el contexto de la medicina actual, la huelga en Madrid y las mentiras que no se cuentan, tema del que trataré en breve, y bajo la misma filosofía, es perfectamente aplicable a cualquier tema de actualidad.

“Ni supongo, ni propongo, solamente expongo” dijo Voltaire, y es exactamente lo contrario de lo que hacen hoy en día los medios de comunicación, en realidad de opinión y desinformación. Basta leer un par de cabeceras de los diarios de mayor tirada, para observar que apenas hay noticias en las que el desarrollo no opte por estar a favor de las posiciones de unos y en contra de las posiciones de otros; y eso cuando lo que para uno es relevante, pera otros ni existe. Todos proponen, todos suponen, nadie expone, nadie informa.

Hablábamos el otro día, a propósito de la intoxicación y desinformación en la que vivimos los ciudadanos, y de lo terrible que es el llegar a pensar que ciertas posturas aberrantes de los políticos, que parecen obedecer a intereses que ellos niegan, pero parecen evidentes, están basadas en mentiras que ya asumimos como naturales en el desempeño de sus funciones, sobre la ferocidad fiscal que está destruyendo pequeñas empresas que de otra forma serían perfectamente viables.

Sí, lo dije y lo mantengo, mi duda es si eso es una acción política del gobierno central con el objetivo de desacreditar a ciertos gobiernos autonómicos de signo contrario, concretamente el de Madrid, o si sucede también en las autonomías afines al gobierno central. Lo que no es una duda es que, a las pequeñas empresas de Madrid, la tormenta perfecta se les ha venido encima, y la hacienda pública se ha convertido en el mayor enemigo de su futuro con una actuación ciega, sorda y dañina.

Pero, y siguiendo la frase que mi amigo Antonio me recordaba, voy a contar una historia real, una historia empresarial de la que obran en mi poder todos los documentos, y, por tanto, puedo exponer sin suponer, ni proponer.

A finales del 2019 un conocido firmó la compra de una empresa de carpintería que tenía contrato estable con una conocida firma de seguros para el hogar, contrato que aseguraba una estabilidad en la facturación y un futuro interesante en cuanto a desarrollo y crecimiento. El contrato, aparte de las estipulaciones habituales y de los datos económicos de la transacción, recogía específicamente la responsabilidad fiscal del vendedor en cualquier reclamación que fuera de periodos anteriores al 2020 en los que la nueva propiedad se hacía cargo de la gestión.

Los comienzos fueron complicados. En marzo del 2020 se les vino la pandemia encima y la aseguradora suspendió las actividades. La empresa solicitó un “ERTE” para dos de sus tres empleados, y les garantizó la recepción puntual de sus sueldos, incluso la integridad de los mismos, si el ERTE no lo hacía, como así sucedió en uno de los casos.

En mayo del 2020 se retoman las actividades, y en junio del mismo año, los trabajos están de nuevo a pleno rendimiento. Y es entonces cuando empieza el disparate.

Hacienda comunica una inspección sobre el ejercicio fiscal 2016, de la que resulta una diferencia en la declaración del IVA, diferencia que supone la reclamación de esa diferencia, más una multa, más los intereses, y que lleva inherente otra declaración por el impuesto de sociedades, por supuesto con su correspondiente multa, e intereses.

Ante esta situación, y en base al contrato de compra firmado, elevado a público ante notario, y registrado en el registro correspondiente, se requiere al propietario anterior el pago de los importes, recibiendo la respuesta  de que no va a pagar nada hasta que se lo diga un juez. Ante esta situación se informa a hacienda de que la responsabilidad fiscal de esos importes, según contrato que se aporta, corresponde al propietario anterior, al que se identifica como el firmante del contrato aportado. Al cabo de unas semanas hacienda contesta desentendiéndose del contrato, legal y legalizado, y comunicando su intención de considerar como única responsable de los pagos a la empresa, y, por ende, al administrador actual.

No voy a entrar en pormenores de dimes y diretes, ni en detalles de desarrollo que harían de este escrito, no una carta, si no un expediente de varios tomos. Baste con decir que tras la inspección del 2016, llegaron la del 2017, la del 2018 y la del 2019, con resultados semejantes, cuando no peores, y que los importes ingresados por esas inspecciones en las arcas públicas superan los cien mil euros, contra una facturación media anual, de la empresa  que ronda los doscientos cuarenta mil euros.

La brutal descapitalización que esos pagos supusieron para la empresa, han devenido en una falta de liquidez que impide las compras por la imposibilidad de compromisos estables con los proveedores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los propios ejercicios, con las multas e intereses correspondientes. Los retrasos y dificultades en los pagos a los empleados suponen la desmoralización, cuando no el abandono de la empresa, y la imposibilidad de la dirección para reconducir una evolución en la que se ve abocada, periódicamente, a situaciones límite de falta de liquidez, a pesar de la facturación regular y brillante para las circunstancias que concurren de compra de materiales y finalización de trabajos.

Para mayor disparate, cada vez que hacienda comunica un embargo, se lo comunica a todos los clientes a la vez, por la totalidad de la cantidad reclamada, y, sin más trámite o dilación, bloquea los saldos de todas las cuentas, hasta que transcurran treinta días en que se resuelva el expediente, lo que ha llevado, en más de una ocasión, a embargar la totalidad del importe reclamado hasta tres veces, desde tres clientes distintos, y a tener ese mismo importe, o importes parciales, en ese mismo periodo, dándose un montante de embargo de algo más de cuatro veces  el importe reclamado, lo que ha supuesto, además de impagos a proveedores, de impagos de nóminas a empleados, la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones fiscales, y de la seguridad social, que puedan acontecer en ese periodo, lo que, indiferentes a la perversidad del sistema, y a su propia responsabilidad en la situación provocada, supone, sin posibilidad de recurso o de defensa de ningún tipo, una imposición de multa y el recargo de intereses en las obligaciones incumplidas.

El negocio es redondo. Sobre un embargo de 4.000,00€, es un ejemplo, ha habido importes mayores, se embargan 18.000,00 €, y se devuelve el exceso recaudado con el interés legal, que rondará los seis, o siete euros. Pero, mientras tanto, se ha producido, debido al exceso de recaudación, una nueva devolución de 4.000,00€, para la que habría habido dinero de sobra, que supone, automáticamente, una multa de más de 1.000,00€, y la aplicación de los intereses legales correspondientes, que sobrepasará, casi seguro, los cien euros. Sumas y restas. No hace falta más, solo expongo ¿Quién gana? ¿Quién pierde?

Ante el desarrollo de los acontecimientos, y en un claro compromiso por lograr la continuidad de la empresa, cuya viabilidad solo pone en cuestión la actuación fiscal, solicitan una entrevista, ya saben, después de la pandemia todo es con cita previa, con la unidad de recaudación de la delegación de hacienda correspondiente. Otra sorpresa. Desde la pandemia, todos los trámites de recaudación han sido trasladados a una oficina centralizada, sin acceso público, con la que la única comunicación posible es mediante escritos, lo que, seguramente bordea lo legal, pero sin duda, sin ninguna duda, impide que nadie tome una decisión constructiva fuera de un reglamento que ya no solo es sordo, es ciego, y se convierte en dañino. Se presenta un escrito exponiendo todas las circunstancias, alegando la indefensión, aportando los documentos que justifican la petición, facturación, contrato, incumplimientos a partir de los pagos de cantidades ajenas a la explotación. La respuesta es casi inmediata, para la administración es meteórica, tanto que supone que el receptor, sea hombre, máquina o híbrido carente de alma, no ha podido ni siquiera hojear los documentos adjuntos, llega en menos de una semana, con un párrafo que, dada su literalidad en distintas respuestas, y a distintas circunstancias, da para pensar que es una respuesta estandarizada al margen de lo alegado.

“MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE APLAZAMIENTOS/FRACCIONAMIENTOS

Por apreciarse, en base a la documentación aportada y a los datos y antecedentes que obran en el expediente, la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural que impedirían hacer  frente a los pagos derivados de la concesión de un aplazamiento, como así lo pone de manifiesto el incumplimiento de otros aplazamientos concedidos con anterioridad, sin que, por otro lado, se hayan ofrecido garantías que permitan asegurar el crédito tributario.” (Éste párrafo, entre comillas, se ha rellenado con corta y pega. Anexo II de la respuesta a una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento)

Nadie ha pedido el aporte de garantías, que, por otra parte, la misma facturación supone. Y si se pide esta actuación es porque hay dificultades, en este caso creadas por la misma actuación de hacienda y por su postura. Pero, válgame el cielo ¿se deniega la ayuda a una empresa en base a su necesidad de recibir esa ayuda? ¿Hay alguien al otro lado de esa oficina siniestra?

He oído, en los medios de opinión, que el cierre de empresas “zombi”, está siendo inusitado, lo que supone despidos, gente al paro, falta de personal en determinados sectores básicos, aumento de las subvenciones y disminución de los contribuyentes ¿Y Hacienda no escucha? ¿Solo está para recaudar?

En las películas de zombis, habitualmente, la transformación viene dada por un virus que afecta al cerebro. En esta historia, tan real que pongo a disposición de quién lo quiera la documentación que obra en mi poder, el virus se llama Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y parece que no hay ningún interés en lograr una vacuna.

SI NON E VERO

Siempre hemos sabido que tras una huelga hay, en un gran porcentaje, una intencionalidad política que nada tiene   que ver con los fines declarados, y esa misma sospecha existe respecto a algunas cosas que están sucediendo en la comunidad de Madrid, utilizando como reos, y víctimas, a los ciudadanos de la comunidad.

Es posible, no puedo afirmar lo contrario ya que no me muevo en los terrenos fanáticos de ninguna de las facciones en conflicto, que haya personas en ese movimiento que actúan con la buena fe de reivindicar carencias evidentes en la sanidad de la comunidad; deficiencias que, por otra parte, no son muy diferentes de las de otras muchas comunidades, regidas, estas, por afines y no afines ideológicamente, a la comunidad madrileña, y que no son reos del ataque sindicalista de Madrid.

Ya lo digo, es posible, casi seguro, pero lo que no sé es si esos médicos son tan reos de los manejos políticos que se adivinan en el fondo del movimiento, como los ciudadanos mismos, y si, éticamente, esta actitud es tolerable. Parece ser que la consecución del poder todo lo tolera.

Pues eso, que ahora llegan los famosos audios y revelan una intencionalidad puramente saboteadora de la convivencia que, no sé si estaba en la mente de los convocantes, o en la de los que siguen las consignas, o en la de los que se han unido convencidos de las reivindicaciones formuladas, pero que, a los que llevamos observando el desigual tratamiento de la sanidad en las distintas comunidades, sin importar la situación existente, desde una postura neutral, a los que asistimos a una confrontación ideológica entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Presidente del Gobierno, en términos difícilmente defendibles desde un punto de vista ético, y no perdemos de vista que las elecciones están a la vuelta de la esquina, la motivación puramente ideológica de ciertos convocantes de esta huelga, nos parece, como mínimo, veraz, o como dice el dicho: “si non e vero, e ben trovato”.

Y es que en este mundo político, de enconos ideológicos, en los que el ciudadano no es más que el argumento, pero nunca el sujeto real de las preocupaciones, en el que los sindicatos políticos actúan como la famosa marquesa de la canción, que organizaba una fiesta en la que se cometían toda clase de desmanes, eso sí, a beneficio de los huérfanos y los pobres de la capital, realizando movilizaciones, planteando reivindicaciones, a beneficio de las gentes no afiliadas, pero en las que subyace una lucha por el poder a la que están supeditados todos sus planteamientos, y, por supuesto, cuidando muy bien de decirles a sus patrocinados, los que ellos declaran sus patrocinados, lo que deben de querer, sin molestarse en preguntarles lo que realmente necesitan, nada es verdad, ni es mentira, todo depende del color de la ética con la que se mira.

Sí, me parece perfectamente plausible que los que manejan el cotarro de las movilizaciones médicas, curiosamente afines a movimientos de izquierda, más proclives a los objetivos políticos que a los profesionales, estén moviendo el avispero de cara a las próximas elecciones.

¿Quiere esto decir que las reivindicaciones no son justas? No ¿Qué no son necesarias? No ¿Qué no son convenientes? No. Seguramente las reivindicaciones argumentadas son justas, convenientes y necesarias, pero la mentira subyacente con la que se plantean, la falta de verdad y rigor del planteamiento, la negativa a lograr soluciones en aras de un desgaste político que favorezca sus pretensiones de poder, las mancha, las degrada, las hace sospechosas, y puede provocar en los votantes el efecto contrario.

Si todo poder es sospechoso, que lo es, y la posición lógicamente democrática de cualquier ciudadano es ejercer la oposición a quién detenta el poder, por pura salubridad ciudadana, ser reo de una lucha entre dos poderes invalida siempre al agresor, invalida siempre al que, en función de una ética parcial, considera que se puede mentir, ocultar, desvirtuar y utilizar los hechos y a las gentes, con el objetivo de conseguir una posición preponderante, en la que, vistos los resultados, se considerará respaldado para seguir utilizando esos mismos métodos, eso sí, a beneficio del pueblo y sin que el pueblo lo sepa.

“Si non e vero, e ben trovato”, es una de las frases más demoledoras para la ética y la democracia, porque lo que nos viene a decir es que no hay nada en lo que pueda creerse con firmeza; no hay nada solido y veraz a lo que agarrarse para sostener los principios, nada en lo que se pueda confiar tal como nos lo cuentan. Y la mentira, la falta de credibilidad, la desconfianza, son arietes imparables para demoler la convivencia.

Puede que estemos en una campaña electoral soterrada y ventajista, populista, para apropiarse de las necesidades reales como instrumentos de ataque a una opción política concreta, y si esto es así, si se consideran por encima del bien y del mal, y con derecho a manchar todo lo que les rodea, va siendo hora de decir basta, va siendo hora de, como decía la canción de Quilapayún: “llegó el comandante y mandó a parar”.

Y llegados a este punto, punto de falsedad y desconfianza, me pregunto, desde la más pura desconfianza,  si la indefensión fiscal que están sufriendo las pequeñas empresas en Madrid, no sé si en otros lugares, que las sume en la impotencia y la ruina, víctimas de una ferocidad fiscal sin interlocución, sin defensa, sin esperanza, no pertenecerá también a una campaña de acoso político, para lograr unos números de fracaso empresarial que invaliden los logros de la facción en el poder autonómico. Desgraciadamente, y mirando el entorno, también en este caso, “si non e vero, e ben trovato”.