Si, ya lo sé, lo he dicho muchas
veces, pero no me resisto a decirlo una vez más, una cosa es la Justicia y
otra, desgraciadamente muy alejada, es la legalidad. Tan alejada que para
evitar errores que perjudicaran vidas se inventó el “garantismo”, esa serie de
normas que garantizan a un acusado la posibilidad de tener un juicio justo sean
cuales sean su delito y sus
circunstancias.
Y a mí me parece impecable.
Cuantos inocentes han pasado por la cárcel, o la ejecución, por arbitrariedades
judiciales, o legales, cometidas con absoluta impunidad. Cuántas vidas de
inocentes perdidas por falta de garantías de ningún tipo.
Pero, como todo, el exceso de
garantismo es una lacra que posiblemente la sociedad no puede, no quiere y no
debe de permitirse. Porque cuando las garantías al culpable se convierten en un
agravio, o perjuicio flagrante, a la víctima algo no está funcionando como
debiera.
Es justo, lógico, impecable, que
un delincuente sea presunto en tanto en cuanto no haya una condena firme por
parte del juez, no en vano la presunción de inocencia es uno de los derechos
fundamentales del hombre. Pero aplicar la presunción de inocencia, que por otro
lado nos es negada a la mayoría de los ciudadanos mediante artimañas como la
presunción de veracidad concedida a determinados estamentos, a delitos
cometidos de forma pública y flagrante, cuando no con exhibición, es caer en la
parodia del derecho y, por extensión, en su descrédito, lo que es un perjuicio
superior para la mayoría de los ciudadanos.
Entre estos delitos flagrantes, y
que provocan el general cabreo del ciudadano de a pie, está el de la ocupación
ilegal de viviendas e inmuebles por parte de ciertas mafias que se han
especializado en su comisión, llegando, ya incluso, a la ocupación de viviendas
habitadas y a la exigencia de compensación económica para su abandono. La
lentitud judicial y el exceso de garantismo permiten una situación en la que la
víctima no solo se ve despojada de sus derechos y sus bienes, sino que incluso
pasa a ocupar la situación de sospechoso. En conclusión la víctima lo es por
partida doble, ya que aparte de verse despojado de algo que es suyo sufre una
absoluta indefensión que, inevitablemente, deriva en descredito del sistema.
Hay delitos, situaciones en las
que el garantismo del delincuente debe de ser sustituido por las garantías de
restitución inmediata a la víctima. Y cualquier otra situación no solo es una
injusticia, es una afrenta.
Hay al menos otras dos
situaciones legales que se han producido recientemente y que los ciudadanos de a pié no podemos
entender. Dos situaciones absolutamente dispares y, para los legos,
absolutamente disparatadas.
La primera es la situación en
Cataluña. A mí no me cabe en la cabeza, creo que no conozco a casi nadie, que a
alguien que ha cometido un delito, que está en situación de prisión preventiva,
o de fuga, y que dice clara y públicamente que tiene intención de seguirlo
cometiendo, se le permita ejercer derechos que facilitan la reiteración, la
persistencia. Que ponen en situación de idoneidad a la persona para que
persevere en el daño causado. No me cabe en la cabeza. No entiendo que
aparejada a la prisión preventiva, o a la de fuga con exhibición y recochineo,
no haya una paralela suspensión de derechos políticos. Ya, ya sé, que habrá
quién ahora se pondrá rojo de ira por mis palabras, pero ¿Qué dirían si un
señor de los imputados por corrupción, por poner un ejemplo, se presentara en
una lista con el planteamiento de que pensaba llevárselo crudo? No quiero ni
pensarlo. Titulares, redes sociales, informativos de toda índole y formato
clamando por el fuego celestial. Para mí, insisto, para mí, no hay diferencia.
Ni explicación plausible a lo que está sucediendo.
Y no olvidemos el episodio de PPR
(prisión permanente revisable). Creo que la distancia entre el pensamiento de
la calle y la actitud de los políticos se ha revelado con una claridad que
bordea la brutalidad. No es un problema ético, que también, no es un problema
moral, que podría serlo, es un problema lógico y los argumentos esgrimidos de
toda índole, excepto en el sentido de contestar un planteamiento básico, no son
más que palabras huecas para el ciudadano de a pie.
Convengamos todos, y creo que no
hará falta un gran esfuerzo, en pensar que la parte coercitiva de una pena de
prisión es una forma de apartar a un delincuente de la sociedad para intentar
su rehabilitación social, que ha de producirse durante su internamiento. Una
vez convenido surge la pregunta que evidencia un fracaso del planteamiento
básico, ¿Qué hacemos con los reincidentes sistemáticos? ¿Qué hacemos con los
que no se rehabilitan? ¿Qué hacemos con los enfermos incapaces de controlar sus
impulsos? Y, sobre todo, ¿Cómo le explicamos a las víctimas indefensas de los
delincuentes irrehabilitables, que es que moralmente, éticamente, no se puede
retener a alguien que ha cumplido una condena aunque se sepa que su libertad
supone una reiteración inevitable del delito? ¿Le explicamos que ha tenido mala
suerte? ¿O que su sufrimiento, cuando no muerte, es por una sociedad
espiritualmente superior?
Es inevitable pensar, yo lo
pienso desde luego, que los comportamientos excepcionales requieren de medidas
excepcionales. Que las conductas insociales graves, la violencia, la muerte,
necesitan unas garantías especiales para las víctimas antes que para los
delincuentes. Que abandonar a la víctima para defender al infractor puede ser
estéticamente impecable, pero éticamente no se sostiene.
Y es que cuando el garantismo se
instala como un problema en vez de como una solución, cuando los legisladores
están más pendientes de sus gestos que de las consecuencias reales de los
mismos, cuando se legisla olvidando a la víctima y pensando solo en el
delincuente, cuando se dice representar a los ciudadanos y se da la espalda a
sus demandas, algo ha dejado de funcionar en la sociedad.
El garantismo debe de ser un
derecho irrenunciable, pero el primer garantismo es aquel que pone por delante
evitar las víctimas, evitar los daños, aquel que garantiza la restitución
inmediata a la víctima de sus bienes, aquel que primero piensa en el que ha
sufrido y luego en el que ha causado el daño. Lo demás, lo que no está en esto, puede ser
garantismo, no lo dudo, pero a mí se me parece más a la impunidad, y yo no lo
quiero.
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