HISTORIAS REALES (I)- CIEGA, SORDA, DAÑINA

Comía el otro día con mi amigo, Antonio Zarazaga, que siempre me aporta material importante para pensar, para escribir y para pasar un rato ameno y enriquecedor, y me recordaba una frase de Voltaire, que, aunque fue mencionada en el contexto de la medicina actual, la huelga en Madrid y las mentiras que no se cuentan, tema del que trataré en breve, y bajo la misma filosofía, es perfectamente aplicable a cualquier tema de actualidad.

“Ni supongo, ni propongo, solamente expongo” dijo Voltaire, y es exactamente lo contrario de lo que hacen hoy en día los medios de comunicación, en realidad de opinión y desinformación. Basta leer un par de cabeceras de los diarios de mayor tirada, para observar que apenas hay noticias en las que el desarrollo no opte por estar a favor de las posiciones de unos y en contra de las posiciones de otros; y eso cuando lo que para uno es relevante, pera otros ni existe. Todos proponen, todos suponen, nadie expone, nadie informa.

Hablábamos el otro día, a propósito de la intoxicación y desinformación en la que vivimos los ciudadanos, y de lo terrible que es el llegar a pensar que ciertas posturas aberrantes de los políticos, que parecen obedecer a intereses que ellos niegan, pero parecen evidentes, están basadas en mentiras que ya asumimos como naturales en el desempeño de sus funciones, sobre la ferocidad fiscal que está destruyendo pequeñas empresas que de otra forma serían perfectamente viables.

Sí, lo dije y lo mantengo, mi duda es si eso es una acción política del gobierno central con el objetivo de desacreditar a ciertos gobiernos autonómicos de signo contrario, concretamente el de Madrid, o si sucede también en las autonomías afines al gobierno central. Lo que no es una duda es que, a las pequeñas empresas de Madrid, la tormenta perfecta se les ha venido encima, y la hacienda pública se ha convertido en el mayor enemigo de su futuro con una actuación ciega, sorda y dañina.

Pero, y siguiendo la frase que mi amigo Antonio me recordaba, voy a contar una historia real, una historia empresarial de la que obran en mi poder todos los documentos, y, por tanto, puedo exponer sin suponer, ni proponer.

A finales del 2019 un conocido firmó la compra de una empresa de carpintería que tenía contrato estable con una conocida firma de seguros para el hogar, contrato que aseguraba una estabilidad en la facturación y un futuro interesante en cuanto a desarrollo y crecimiento. El contrato, aparte de las estipulaciones habituales y de los datos económicos de la transacción, recogía específicamente la responsabilidad fiscal del vendedor en cualquier reclamación que fuera de periodos anteriores al 2020 en los que la nueva propiedad se hacía cargo de la gestión.

Los comienzos fueron complicados. En marzo del 2020 se les vino la pandemia encima y la aseguradora suspendió las actividades. La empresa solicitó un “ERTE” para dos de sus tres empleados, y les garantizó la recepción puntual de sus sueldos, incluso la integridad de los mismos, si el ERTE no lo hacía, como así sucedió en uno de los casos.

En mayo del 2020 se retoman las actividades, y en junio del mismo año, los trabajos están de nuevo a pleno rendimiento. Y es entonces cuando empieza el disparate.

Hacienda comunica una inspección sobre el ejercicio fiscal 2016, de la que resulta una diferencia en la declaración del IVA, diferencia que supone la reclamación de esa diferencia, más una multa, más los intereses, y que lleva inherente otra declaración por el impuesto de sociedades, por supuesto con su correspondiente multa, e intereses.

Ante esta situación, y en base al contrato de compra firmado, elevado a público ante notario, y registrado en el registro correspondiente, se requiere al propietario anterior el pago de los importes, recibiendo la respuesta  de que no va a pagar nada hasta que se lo diga un juez. Ante esta situación se informa a hacienda de que la responsabilidad fiscal de esos importes, según contrato que se aporta, corresponde al propietario anterior, al que se identifica como el firmante del contrato aportado. Al cabo de unas semanas hacienda contesta desentendiéndose del contrato, legal y legalizado, y comunicando su intención de considerar como única responsable de los pagos a la empresa, y, por ende, al administrador actual.

No voy a entrar en pormenores de dimes y diretes, ni en detalles de desarrollo que harían de este escrito, no una carta, si no un expediente de varios tomos. Baste con decir que tras la inspección del 2016, llegaron la del 2017, la del 2018 y la del 2019, con resultados semejantes, cuando no peores, y que los importes ingresados por esas inspecciones en las arcas públicas superan los cien mil euros, contra una facturación media anual, de la empresa  que ronda los doscientos cuarenta mil euros.

La brutal descapitalización que esos pagos supusieron para la empresa, han devenido en una falta de liquidez que impide las compras por la imposibilidad de compromisos estables con los proveedores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los propios ejercicios, con las multas e intereses correspondientes. Los retrasos y dificultades en los pagos a los empleados suponen la desmoralización, cuando no el abandono de la empresa, y la imposibilidad de la dirección para reconducir una evolución en la que se ve abocada, periódicamente, a situaciones límite de falta de liquidez, a pesar de la facturación regular y brillante para las circunstancias que concurren de compra de materiales y finalización de trabajos.

Para mayor disparate, cada vez que hacienda comunica un embargo, se lo comunica a todos los clientes a la vez, por la totalidad de la cantidad reclamada, y, sin más trámite o dilación, bloquea los saldos de todas las cuentas, hasta que transcurran treinta días en que se resuelva el expediente, lo que ha llevado, en más de una ocasión, a embargar la totalidad del importe reclamado hasta tres veces, desde tres clientes distintos, y a tener ese mismo importe, o importes parciales, en ese mismo periodo, dándose un montante de embargo de algo más de cuatro veces  el importe reclamado, lo que ha supuesto, además de impagos a proveedores, de impagos de nóminas a empleados, la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones fiscales, y de la seguridad social, que puedan acontecer en ese periodo, lo que, indiferentes a la perversidad del sistema, y a su propia responsabilidad en la situación provocada, supone, sin posibilidad de recurso o de defensa de ningún tipo, una imposición de multa y el recargo de intereses en las obligaciones incumplidas.

El negocio es redondo. Sobre un embargo de 4.000,00€, es un ejemplo, ha habido importes mayores, se embargan 18.000,00 €, y se devuelve el exceso recaudado con el interés legal, que rondará los seis, o siete euros. Pero, mientras tanto, se ha producido, debido al exceso de recaudación, una nueva devolución de 4.000,00€, para la que habría habido dinero de sobra, que supone, automáticamente, una multa de más de 1.000,00€, y la aplicación de los intereses legales correspondientes, que sobrepasará, casi seguro, los cien euros. Sumas y restas. No hace falta más, solo expongo ¿Quién gana? ¿Quién pierde?

Ante el desarrollo de los acontecimientos, y en un claro compromiso por lograr la continuidad de la empresa, cuya viabilidad solo pone en cuestión la actuación fiscal, solicitan una entrevista, ya saben, después de la pandemia todo es con cita previa, con la unidad de recaudación de la delegación de hacienda correspondiente. Otra sorpresa. Desde la pandemia, todos los trámites de recaudación han sido trasladados a una oficina centralizada, sin acceso público, con la que la única comunicación posible es mediante escritos, lo que, seguramente bordea lo legal, pero sin duda, sin ninguna duda, impide que nadie tome una decisión constructiva fuera de un reglamento que ya no solo es sordo, es ciego, y se convierte en dañino. Se presenta un escrito exponiendo todas las circunstancias, alegando la indefensión, aportando los documentos que justifican la petición, facturación, contrato, incumplimientos a partir de los pagos de cantidades ajenas a la explotación. La respuesta es casi inmediata, para la administración es meteórica, tanto que supone que el receptor, sea hombre, máquina o híbrido carente de alma, no ha podido ni siquiera hojear los documentos adjuntos, llega en menos de una semana, con un párrafo que, dada su literalidad en distintas respuestas, y a distintas circunstancias, da para pensar que es una respuesta estandarizada al margen de lo alegado.

“MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE APLAZAMIENTOS/FRACCIONAMIENTOS

Por apreciarse, en base a la documentación aportada y a los datos y antecedentes que obran en el expediente, la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural que impedirían hacer  frente a los pagos derivados de la concesión de un aplazamiento, como así lo pone de manifiesto el incumplimiento de otros aplazamientos concedidos con anterioridad, sin que, por otro lado, se hayan ofrecido garantías que permitan asegurar el crédito tributario.” (Éste párrafo, entre comillas, se ha rellenado con corta y pega. Anexo II de la respuesta a una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento)

Nadie ha pedido el aporte de garantías, que, por otra parte, la misma facturación supone. Y si se pide esta actuación es porque hay dificultades, en este caso creadas por la misma actuación de hacienda y por su postura. Pero, válgame el cielo ¿se deniega la ayuda a una empresa en base a su necesidad de recibir esa ayuda? ¿Hay alguien al otro lado de esa oficina siniestra?

He oído, en los medios de opinión, que el cierre de empresas “zombi”, está siendo inusitado, lo que supone despidos, gente al paro, falta de personal en determinados sectores básicos, aumento de las subvenciones y disminución de los contribuyentes ¿Y Hacienda no escucha? ¿Solo está para recaudar?

En las películas de zombis, habitualmente, la transformación viene dada por un virus que afecta al cerebro. En esta historia, tan real que pongo a disposición de quién lo quiera la documentación que obra en mi poder, el virus se llama Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y parece que no hay ningún interés en lograr una vacuna.

La Trampa

Es muy habitual, sobre todo en tiempos de elecciones, oír hablar de un concepto más resbaloso que resbaladizo y que siempre concluye como la famosa frase de Quevedo: “fueronse y no hubo nada”. Hablo de la redistribución de la riqueza.

El concepto en sí mismo ya es tramposo. Cada vez que se produce una transacción económica se lleva a cabo una redistribución de la riqueza, pero no es en este sentido en el que oímos a los políticos hablar de este tema, si no en el sentido  de que hay que intentar que la riqueza se distribuya uniformemente entre toda la población, en el sentido de habilitar mecanismos económicos que persigan una igualdad patrimonial que esos mismos mecanismos desmienten.

Hace ya mucho tiempo, tanto que la abuela tortuga no llega a recordarlo…, perdón por esta introducción de cuento para explicar un cuento, que los que detentaban el poder inventaron el concepto básico  de cómo hacerse con parte de la riqueza que generaban aquellos que estaban bajo su dominio, los impuestos, y como justificar la tropelía, haciendo de un despojo una forma de extraña de prestar servicios comunes. Eso sí, cuanto más absoluto era el poder menos beneficio revertía en los contribuyentes. Cuanto más absoluto era el poder  más opaca era la inversión de lo recaudado.

A nada  que se piense con un poco de lógica aplicada, si es el poder siempre el que determina las reglas y cuantías de la contribución que para sus fines necesita de los que producen, y los mecanismos por los que los que contribuyen tienen acceso a controlar en que se usa la parte de su riqueza, que el poder considera, coercitivamente, que le corresponde para llevar a término su pervivencia, son escasos o inexistentes, es inevitable darse cuenta de que el poder utilizará en primer término su fuerza disuasoria para su propio beneficio.

Es decir, una institución no productiva pone en marcha un sistema por el que se obliga a una solidaridad no siempre consentida a aquellos que sí producen a cambio de unos beneficios, teóricos, uno de los cuales, y de los costosos, es el sistema coercitivo que se empleará, entre otras cosas, para obligar al cumplimiento de los no conformes, que pagan de esta manera su propia represión, imponiéndoles unas reglas y cuantías que no siempre, en realidad casi nunca, son justas, y además se les escarnecerá públicamente tachándolos de insolidarios y delincuentes.

Por si misma esta situación desmiente la bondad del concepto. Un sistema que necesita represión no es solidario, y casi con toda seguridad no es justo. Un sistema que utiliza parte de sus recursos, una parte cada vez más importante, en perseguir y sancionar a los disidentes, es un sistema implícitamente perverso. No se puede imponer la solidaridad, se pueden imponer conceptos negativos que la suplantan bautizándolos con nombres de ideales, cuya consecución no es objetivo real, como puedan ser: el bien común, los servicios sociales o la redistribución de la riqueza. Ideales cuyo logro quedan flagrantemente desmentidos tanto en los presupuestos de cualquier estado como en la vida real y cotidiana.

Así que la recaudación de impuestos no es otra cosa que una forma de obligar a los individuos a que prescindan de parte del beneficio obtenido de su trabajo para que otros que no producen ningún beneficio, conocido al menos, decidan que necesidades, pretendidamente comunes aunque no siempre lo sean, tienen que cubrirse con esa merma de la remuneración personal.

¿Está un pacifista satisfecho con su contribución a la defensa? ¿Está un jubilado conforme con sus carencias mientras contempla como ciertos pretendidos representantes de su situación tienen prebendas que él no puede alcanzar? ¿Está un empresario satisfecho mientras ve como las leyes que se aprueban con su contribución lesionan gravemente las posibilidades de pervivencia de su negocio? Por poner los ejemplos más populistas, dejando de lado los más sangrantes y complejos. Lo dudo. Otros me hablarán, para rebatirme, de la sanidad, de las infraestructuras, de la educación… y yo les hablaré de donde están todas las carencias que los estados permiten.

Habrá en este caso quién me hable de izquierdas y derechas, como si esa falacia tuviera algo que ver con la realidad del problema. Los impuestos se inventaron antes que las ideologías, y las ideologías lo único que han hecho ha sido reinterpretar el sistema en su propio interés. La prueba está, como siempre basta una mirada sin improntas ideológicas, para comprobar que nada ha cambiado, aunque nada sea igual. Defiendo la perversidad del sistema, no su falta de inteligencia. Por lo que se cambian impuestos por libertades, que no tienen costo, pero no se garantizan más allá de lo que los individuos, o el grupo de presión al que pertenecen, son capaces de defender por si mismos.

La derecha defiende la mínima intervención directa del poder a cambio de una desigualdad cada vez mayor permitiendo una acaparación sin límites y apenas interesándose por los más desfavorecidos. La izquierda promueve la máxima intervención posible de tal modo que el poder se erige en garante de sí mismo y la redistribución de una pobreza provocada por la falta de libertad individual. Hablo, claramente, de situaciones extremas, pero no por extremas menos ciertas. Como si de una función matemática se tratara diríamos que x = f(n) tendiendo n a infinito, siendo f los impuestos y n el importe. Para n= 0 estaríamos en una extrema derecha ideal, y para n=infinito en un extrema izquierda tan ideal como la extrema derecha ya mencionada.

Creo que hay una referencia histórica que describe la absoluta perversidad del sistema de recaudación de impuestos. Son tiempos de Luis XIV y Francia, en realidad el rey, necesita dineros para dotar las guerras que sostiene, teóricamente para aumentar la gloria de Francia, en realidad la gloria, el poder y la riqueza del rey de Francia y de su élite. La única salida es aumentar los impuestos, y en tal sentido Colbert, el ministro de finanzas, se dirige al cardenal Mazarino explicándole que no encuentra la forma de gravar más a una población castigada ya al límite. Mazarino, lejos de compartir las cuitas de Colbert le da una norma que todos los ministros de hacienda de todos los gobiernos tienen en la cabecera de su mesa como guía y faro: “Hay una enorme cantidad de gente entre los ricos y los pobres. Son todos aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Esos son los que debemos gravar con impuestos, cada vez más, ¡siempre más¡. A esos cuanto más les quitemos más trabajarán para compensar lo que le quitamos. ¡Son una reserva inagotable¡”

Releyendo la frase se puede paladear toda la perversión que implica. No solo el cinismo sobre la clase media y la burguesía, también sobre las clases intocables. Los pobres son intocables porque si sobrepasamos el límite de lo que les quitamos perdemos al contribuyente. Los ricos porque su verdadero valor está en que siempre podemos, en caso de necesidad, comprar parte de su riqueza a cambio de prebendas que a la larga los harán más ricos.

Intentando concluir, cuestión ya de por sí cuestionable, la de concluir, y para aquellos bien intencionados:  confiar en que el sistema impositivo basado en una apropiación porcentual de la riqueza individual en función de su producción, o riqueza pasiva, pueda contribuir a una redistribución justa de las riquezas es una falacia que solo el poder puede manejar con desparpajo, y con medios detraídos de otras necesidades reales para poder imbuir en la sociedad esa falsa convicción. Lo que se llama propaganda. El hecho de que se permita que ese sistema, además, sea prerrogativa del poder, es como poner a la zorra a cuidar a las gallinas.

Si alguna vez alguien pretende redistribuir la riqueza, si alguien alguna vez tiene un fin justo, solidario, si alguna vez alguien está más interesado en compartir que en acaparar, si alguien alguna vez es más propenso a servir que a servirse, si en algún remoto e inconcebible futuro el administrador está interesado en los administrados y más preocupado por administrar que por recaudar, seguramente empezará por proponer unos límites de enriquecimiento y empobrecimiento que eliminen de la sociedad el lujo y la miseria, que son los extremos de una injusticia social. Si alguna vez la solidaridad es una necesidad común palpable y aceptada, el recorrido estará claramente garantizado.

Tal vez entonces, y solo entonces, entendamos qué es la redistribución tolerable de la riqueza y hayamos logrado comprender la trampa que el sistema tradicional de impuestos supone para aquellos que no son ni el poder ni su élite asociada. Si alguna vez la sociedad llega a asumir que la igualdad no existe, pero que la equidad es un estado alcanzable, habremos recorrido una parte importante del camino

¡Utopía¡, gritarán muchos ante mis palabras. ¡Distopía¡ me permito yo gritar ante sus hechos, sus pertinaces, mendaces e históricos hechos.