HISTORIAS REALES (I)- CIEGA, SORDA, DAÑINA

Comía el otro día con mi amigo, Antonio Zarazaga, que siempre me aporta material importante para pensar, para escribir y para pasar un rato ameno y enriquecedor, y me recordaba una frase de Voltaire, que, aunque fue mencionada en el contexto de la medicina actual, la huelga en Madrid y las mentiras que no se cuentan, tema del que trataré en breve, y bajo la misma filosofía, es perfectamente aplicable a cualquier tema de actualidad.

“Ni supongo, ni propongo, solamente expongo” dijo Voltaire, y es exactamente lo contrario de lo que hacen hoy en día los medios de comunicación, en realidad de opinión y desinformación. Basta leer un par de cabeceras de los diarios de mayor tirada, para observar que apenas hay noticias en las que el desarrollo no opte por estar a favor de las posiciones de unos y en contra de las posiciones de otros; y eso cuando lo que para uno es relevante, pera otros ni existe. Todos proponen, todos suponen, nadie expone, nadie informa.

Hablábamos el otro día, a propósito de la intoxicación y desinformación en la que vivimos los ciudadanos, y de lo terrible que es el llegar a pensar que ciertas posturas aberrantes de los políticos, que parecen obedecer a intereses que ellos niegan, pero parecen evidentes, están basadas en mentiras que ya asumimos como naturales en el desempeño de sus funciones, sobre la ferocidad fiscal que está destruyendo pequeñas empresas que de otra forma serían perfectamente viables.

Sí, lo dije y lo mantengo, mi duda es si eso es una acción política del gobierno central con el objetivo de desacreditar a ciertos gobiernos autonómicos de signo contrario, concretamente el de Madrid, o si sucede también en las autonomías afines al gobierno central. Lo que no es una duda es que, a las pequeñas empresas de Madrid, la tormenta perfecta se les ha venido encima, y la hacienda pública se ha convertido en el mayor enemigo de su futuro con una actuación ciega, sorda y dañina.

Pero, y siguiendo la frase que mi amigo Antonio me recordaba, voy a contar una historia real, una historia empresarial de la que obran en mi poder todos los documentos, y, por tanto, puedo exponer sin suponer, ni proponer.

A finales del 2019 un conocido firmó la compra de una empresa de carpintería que tenía contrato estable con una conocida firma de seguros para el hogar, contrato que aseguraba una estabilidad en la facturación y un futuro interesante en cuanto a desarrollo y crecimiento. El contrato, aparte de las estipulaciones habituales y de los datos económicos de la transacción, recogía específicamente la responsabilidad fiscal del vendedor en cualquier reclamación que fuera de periodos anteriores al 2020 en los que la nueva propiedad se hacía cargo de la gestión.

Los comienzos fueron complicados. En marzo del 2020 se les vino la pandemia encima y la aseguradora suspendió las actividades. La empresa solicitó un “ERTE” para dos de sus tres empleados, y les garantizó la recepción puntual de sus sueldos, incluso la integridad de los mismos, si el ERTE no lo hacía, como así sucedió en uno de los casos.

En mayo del 2020 se retoman las actividades, y en junio del mismo año, los trabajos están de nuevo a pleno rendimiento. Y es entonces cuando empieza el disparate.

Hacienda comunica una inspección sobre el ejercicio fiscal 2016, de la que resulta una diferencia en la declaración del IVA, diferencia que supone la reclamación de esa diferencia, más una multa, más los intereses, y que lleva inherente otra declaración por el impuesto de sociedades, por supuesto con su correspondiente multa, e intereses.

Ante esta situación, y en base al contrato de compra firmado, elevado a público ante notario, y registrado en el registro correspondiente, se requiere al propietario anterior el pago de los importes, recibiendo la respuesta  de que no va a pagar nada hasta que se lo diga un juez. Ante esta situación se informa a hacienda de que la responsabilidad fiscal de esos importes, según contrato que se aporta, corresponde al propietario anterior, al que se identifica como el firmante del contrato aportado. Al cabo de unas semanas hacienda contesta desentendiéndose del contrato, legal y legalizado, y comunicando su intención de considerar como única responsable de los pagos a la empresa, y, por ende, al administrador actual.

No voy a entrar en pormenores de dimes y diretes, ni en detalles de desarrollo que harían de este escrito, no una carta, si no un expediente de varios tomos. Baste con decir que tras la inspección del 2016, llegaron la del 2017, la del 2018 y la del 2019, con resultados semejantes, cuando no peores, y que los importes ingresados por esas inspecciones en las arcas públicas superan los cien mil euros, contra una facturación media anual, de la empresa  que ronda los doscientos cuarenta mil euros.

La brutal descapitalización que esos pagos supusieron para la empresa, han devenido en una falta de liquidez que impide las compras por la imposibilidad de compromisos estables con los proveedores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los propios ejercicios, con las multas e intereses correspondientes. Los retrasos y dificultades en los pagos a los empleados suponen la desmoralización, cuando no el abandono de la empresa, y la imposibilidad de la dirección para reconducir una evolución en la que se ve abocada, periódicamente, a situaciones límite de falta de liquidez, a pesar de la facturación regular y brillante para las circunstancias que concurren de compra de materiales y finalización de trabajos.

Para mayor disparate, cada vez que hacienda comunica un embargo, se lo comunica a todos los clientes a la vez, por la totalidad de la cantidad reclamada, y, sin más trámite o dilación, bloquea los saldos de todas las cuentas, hasta que transcurran treinta días en que se resuelva el expediente, lo que ha llevado, en más de una ocasión, a embargar la totalidad del importe reclamado hasta tres veces, desde tres clientes distintos, y a tener ese mismo importe, o importes parciales, en ese mismo periodo, dándose un montante de embargo de algo más de cuatro veces  el importe reclamado, lo que ha supuesto, además de impagos a proveedores, de impagos de nóminas a empleados, la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones fiscales, y de la seguridad social, que puedan acontecer en ese periodo, lo que, indiferentes a la perversidad del sistema, y a su propia responsabilidad en la situación provocada, supone, sin posibilidad de recurso o de defensa de ningún tipo, una imposición de multa y el recargo de intereses en las obligaciones incumplidas.

El negocio es redondo. Sobre un embargo de 4.000,00€, es un ejemplo, ha habido importes mayores, se embargan 18.000,00 €, y se devuelve el exceso recaudado con el interés legal, que rondará los seis, o siete euros. Pero, mientras tanto, se ha producido, debido al exceso de recaudación, una nueva devolución de 4.000,00€, para la que habría habido dinero de sobra, que supone, automáticamente, una multa de más de 1.000,00€, y la aplicación de los intereses legales correspondientes, que sobrepasará, casi seguro, los cien euros. Sumas y restas. No hace falta más, solo expongo ¿Quién gana? ¿Quién pierde?

Ante el desarrollo de los acontecimientos, y en un claro compromiso por lograr la continuidad de la empresa, cuya viabilidad solo pone en cuestión la actuación fiscal, solicitan una entrevista, ya saben, después de la pandemia todo es con cita previa, con la unidad de recaudación de la delegación de hacienda correspondiente. Otra sorpresa. Desde la pandemia, todos los trámites de recaudación han sido trasladados a una oficina centralizada, sin acceso público, con la que la única comunicación posible es mediante escritos, lo que, seguramente bordea lo legal, pero sin duda, sin ninguna duda, impide que nadie tome una decisión constructiva fuera de un reglamento que ya no solo es sordo, es ciego, y se convierte en dañino. Se presenta un escrito exponiendo todas las circunstancias, alegando la indefensión, aportando los documentos que justifican la petición, facturación, contrato, incumplimientos a partir de los pagos de cantidades ajenas a la explotación. La respuesta es casi inmediata, para la administración es meteórica, tanto que supone que el receptor, sea hombre, máquina o híbrido carente de alma, no ha podido ni siquiera hojear los documentos adjuntos, llega en menos de una semana, con un párrafo que, dada su literalidad en distintas respuestas, y a distintas circunstancias, da para pensar que es una respuesta estandarizada al margen de lo alegado.

“MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE APLAZAMIENTOS/FRACCIONAMIENTOS

Por apreciarse, en base a la documentación aportada y a los datos y antecedentes que obran en el expediente, la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural que impedirían hacer  frente a los pagos derivados de la concesión de un aplazamiento, como así lo pone de manifiesto el incumplimiento de otros aplazamientos concedidos con anterioridad, sin que, por otro lado, se hayan ofrecido garantías que permitan asegurar el crédito tributario.” (Éste párrafo, entre comillas, se ha rellenado con corta y pega. Anexo II de la respuesta a una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento)

Nadie ha pedido el aporte de garantías, que, por otra parte, la misma facturación supone. Y si se pide esta actuación es porque hay dificultades, en este caso creadas por la misma actuación de hacienda y por su postura. Pero, válgame el cielo ¿se deniega la ayuda a una empresa en base a su necesidad de recibir esa ayuda? ¿Hay alguien al otro lado de esa oficina siniestra?

He oído, en los medios de opinión, que el cierre de empresas “zombi”, está siendo inusitado, lo que supone despidos, gente al paro, falta de personal en determinados sectores básicos, aumento de las subvenciones y disminución de los contribuyentes ¿Y Hacienda no escucha? ¿Solo está para recaudar?

En las películas de zombis, habitualmente, la transformación viene dada por un virus que afecta al cerebro. En esta historia, tan real que pongo a disposición de quién lo quiera la documentación que obra en mi poder, el virus se llama Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y parece que no hay ningún interés en lograr una vacuna.

La sociedad de los tres monos

Me preocupa esta sociedad. Me preocupa la incapacidad evidente de enfocar los problemas correctamente. Me preocupa, con preocupación presente y futura, el abismo intelectual, social y educativo con el que las ideologías de diferente índole y cariz la van castigando hasta sumirla en una dicotomía que lastra su solidaridad, envilece su pensamiento y destroza su capacidad de enfrentar correctamente aquellas cuestiones que le hurtan la esperanza de poder ser mejor.

No hace tanto que, con gran revuelo mediático, el gobierno propuso subir el salario mínimo interprofesional a mil euros al mes. No hace tanto que, con gran revuelo mediático, los poderes económicos se hacían cruces y anunciaban catástrofes inenarrables para la economía de este país. No hace tanto que oyendo a unos y a otros no sabía si se me caería la cara de vergüenza, ajena, o podría contener con algún éxito el descuelgue de mandíbula que el despliegue informativo, perdón, el despliegue opinativo, estaba llegando a producirme.

¿Era posible tal desfachatez por parte del gobierno? ¿Era posible tal falta de ética por parte de los poderes económicos? ¿Era posible tal falta de objetividad y visión de la realidad por parte de una sociedad dispuesta a alinearse ciegamente con quién su querencia ideológica lo demandara?

Sí, era posible. Era, es, y parece ser que será, lamentablemente posible.  Pero vayamos por partes, por protagonistas.

El nombre de salario mínimo interprofesional me parece una burla tal como está enfocado, tal vez salario de incapacidad supervivencial, o salario de incapacidad adquisitiva, o, directamente, tomadura de pelo, que al final es lo que es.

Se supone que el salario mínimo interprofesional, SMI para no tener que escribir tanto, y porque ya todo se nombra por siglas, debe de garantizar una retribución digna a cualquiera que desarrolle un trabajo. Se supone, digo bien, porque me gustaría saber con qué parámetros se calcula, por qué mil y no novecientos ochenta o mil cuatro con treinta y tres. ¿Qué se supone que garantiza ese montante? ¿Cuánto le cuesta al empresario? ¿Se garantiza también a los autónomos? A esto último, que es lo más evidente, la respuesta rotunda es no, ya se encargan el estado y su sistema retributivo de provocar, si la coyuntura lo requiere, que los ingresos de los autónomos puedan ser incluso negativos. Luego, primera tomadura de pelo, o los autónomos no desarrollan labor retribuible y solo se dan de alta por alegrar a la AT, o no son profesionales a pesar de sus profesiones, por lo cual no se pueden dar por aludidos. Es decir, que en el peor de los casos los autónomos tienen que pagar por trabajar, o por la expectativa de llegar a hacerlo.

A la primera pregunta la respuesta también es clara, suponerse se puede suponer lo que se quiera, pero la realidad es que garantizar, lo que se dice garantizar, tal como está la vida, no se garantiza con el SMI otra cosa que una imposibilidad de supervivencia individual. En la mayoría de las ciudades españolas no se puede acceder a una vivienda, pagar los costes de agua, energía y otros, preocuparse de una manutención razonable y hacer frente a otros gastos que la recaudación grava y el mercado alza, con los mil euros de los que hablamos, y si alguien tiene alguna duda, que lo pruebe, se le quitarán las dudas de golpe.

A la segunda también vamos a buscarle las vueltas. Más, al empresario le cuesta un porcentaje más que sale de su beneficio, o sea, el trabajador gana más, el empresario paga más y gana menos y el estado recauda más a la vez que justifica más impuestos para hacer frente a un gasto que no solo no soporta, si no que le beneficia. Y, como es lógico, los empresarios protestan. Sobre todo los pequeños y medianos empresarios, esos que, siendo autónomos por obligación, tienen que buscar la forma de financiar algo que en muchos casos no tienen de donde detraer y que, además, no tienen  acceso a los beneficios fiscales de las grandes empresas. Pero eso no importa, porque al ser empresarios, para una gran parte de la población, son insolidarios, millonarios y explotadores. Así los presenta el imaginario que ciertas ideologías manejan y que difícilmente se corresponde con la realidad, a poco que se tire de libros y resultados.

Así que nos encontramos con una tesitura en la que nada es verdad, ni nada es mentira, ni nada es del color del cristal con que se mira, salvo para los que llevan una retina deformada por alguna ideología, una gran parte de la sociedad, desgraciadamente.

Podríamos entonces convenir en que todos los actores sociales intervinientes en la trifulca tienen razón, casi todos. Los trabajadores porque el SMI es insuficiente para vivir de una forma mínimamente digna. Los empresarios porque el estado se aprovecha de su posición para gravar sus beneficios a cambio de nada. Bueno, de nada no, de propaganda para la ideología del demagogo de turno. Los autónomos porque a ellos nadie les garantiza nada, y los jubilados porque su pensión es inferior a ese baremo de supervivencia que los gobernantes se sacan de una chistera sin fondo, sin forro y sin vergüenza.

Aumentar el SMI es imprescindible. No gravar a los pequeños y medianos empresarios para lucirse es de justicia. Igualar las pensiones mínimas al SMI es de sentido común. Extender el beneficio a los autónomos es, simplemente, aplicar una justicia igualitaria. Y lograrlo, lograrlo es el problema con un sistema poco interesado en las soluciones reales y muy pendiente de las alharacas ideológicas, que es para lo que está montado.

Ni la derecha, preocupada por favorecer a las grandes fortunas y a las grandes empresas, está interesada en que el SMI sea otra cosa que un parámetro vendible, ni la izquierda, preocupada en exprimir al mediano y pequeño contribuyente mientras dice que su objetivo es el grande, está interesada en que el SMI sea otra cosa que un parámetro vendible.

Para que el SMI fuera un parámetro coherente tendría que calcularse de forma que realmente supusiera una estimación fiable del costo real de la vida por individuo, en base a los verdaderos costos de las partidas fundamentales. En ese momento, además, serviría como base referencial de otros muchos indicativos económicos y permitiría la elaboración de una fiscalidad con vocación de justicia distributiva. Podría analizarse el enriquecimiento, definir la acaparación, analizar los beneficios empresariales y referenciar tantos otros parámetros fundamentales para una justicia distributiva en SMIs. O sea, nada que interese a nadie.

Y no interesa a la derecha porque tirará del famoso mito de que con un sistema realmente distributivo se alimenta a los vagos, y a los pícaros que buscaran la forma de cobrar sin trabajar, que haberlos haylos y suelen ser los que más protestan, falacia fácil de desmontar si el interlocutor tiene algún interés más en el tema que el de defender una posición ideológica o repetir imperturbable los mantras aprendidos sin necesidad de demostrarlos ni de demostraselos a sí mismo. Y no interesa a la izquierda, porque siendo una suerte de derecha camuflada, de contra derecha, no necesita pensar en nuevos sistemas, cuanto menos de ponerlos en marcha, o simplemente pensar, si para lo que realmente quiere, que nada tiene que ver con una justicia distributiva, no necesita devanarse los sesos y lo puede obtener empobreciendo a los demás subiendo los impuestos y aumentando el déficit, que ya vendrán otros que lo paguen con el dinero que no es de nadie.

Realmente, como bien decía al principio, me preocupa esta sociedad de monos que no ven, no escuchan, y son incapaces de hablar para pedir: libertad, igualdad y fraternidad reales. Una sociedad capaz de mirar con equidad a sus miembros y proyectarse hacia un futuro de esperanza. Una sociedad basada en valores diferentes al enriquecimiento, el poder, el acaparamiento y la competencia. Ya sabéis, hablando cómodamente, una utopía.